Procedimientos especiales de Revisión

Procedimientos no ordinarios.

Rectificación de errores de actos de Recaudación: Procedimiento cuyo objeto es la rectificación, en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, por el órgano que hubiera dictado el acto, de los errores materiales, de hecho o aritméticos detectados en el mismo, siempre que no hubiera transcurrido el plazo de prescripción.

Revocación: Procedimiento especial de revisión, a través del cual la Administración tributaria puede revocar sus actos en beneficio de los interesados, en tres supuestos:

Cuando se estime que infringen manifiestamente la ley.
Cuando circunstancias sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la improcedencia del acto dictado.
Cuando en la tramitación del procedimiento se haya producido indefensión a los interesados.

Revisión de actos nulos de pleno derecho de Recaudación: Procedimiento cuyo objeto es declarar la nulidad de los actos dictados en materia tributaria, que ponen fin a la vía administrativa o que no se recurran en plazo, en los siguientes supuestos:

Que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.
Que hayan sido dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.
Que tengan un contenido imposible.
Que constituyan infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.
Que se dicten prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad en los órganos colegiados.
Actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición.
Otros que se establezca expresamente en una disposición de rango legal.

Declaración de lesividad de actos anulables de Recaudación: Procedimiento a través del cual la Administración tributaria podrá declarar lesivos para el interés público sus actos y resoluciones favorables a los interesados que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, a fin de proceder a su posterior impugnación en vía contencioso-administrativa.