4.2.1. Control sobre tributos internos

Las actuaciones de control sobre tributos internos engloban las siguientes actuaciones, excluyendo las referentes a impuestos especiales, medioambientales y los que recaen sobre el comercio exterior:

• Actuaciones inspectoras sobre tributos internos.

• Control gestor sobre la generalidad de los contribuyentes y control sobre contribuyentes incluidos en el sistema de tributación por módulos.

• Control gestor sobre grandes empresas.

Las actuaciones de control inspector tienen por finalidad detectar y regularizar los incumplimientos más complejos y perseguir las formas más sofisticadas de fraude. Su carácter selectivo las hace recaer sobre los contribuyentes que presentan un riesgo fiscal más elevado.

Estas actuaciones son realizadas por los órganos de las Delegaciones Especiales y por los órganos de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes que tienen encomendado el desarrollo de la inspección tributaria.

Su realización tiene un gran componente investigador y requiere, en general, una revisión exhaustiva de la situación tributaria del contribuyente objeto de actuación inspectora, para lo cual los órganos que las llevan a cabo están dotados de las más amplias facultades que la normativa atribuye a la Administración Tributaria.

El control gestor tiene por finalidad la detección y corrección de errores e incumplimientos menos complejos y se caracteriza porque se dirige a la generalidad de contribuyentes con ocasión de campañas anuales, con fuerte apoyo en la información disponible y en el sistema informático que la analiza. Se refiere a obligaciones individualmente consideradas, está basado en controles formales y de tipo documental, sin revisión de la contabilidad mercantil del contribuyente, y es realizado normalmente desde las propias oficinas.

El control gestor se realiza por los correspondientes órganos de las Delegaciones Especiales, de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes y, en su caso, de la Oficina Nacional de Gestión Tributaria.

Junto con estos controles, se computan las actuaciones gestoras sobre las grandes empresas, que son aquellas cuyo volumen de operaciones supera la cifra de 6,01 millones de euros durante el año natural inmediato anterior, calculado conforme al artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, lo que determina que tengan unas obligaciones fiscales específicas y distintas del resto de los obligados tributarios.

Estas actuaciones se realizan por los órganos del área de Inspección Financiera y Tributaria, a través de las Unidades de Gestión de Grandes Empresas (UGGES) en el ámbito de las Delegaciones Especiales, así como por las Unidades de Gestión y la Unidad de Control Tributario y Aduanero, integradas respectivamente en la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios y en la Dependencia de Control Tributario y Aduanero de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.

Las actuaciones de control gestor sobre las grandes empresas son, entre otras, la comprobación de las devoluciones previstas en la normativa tributaria y la realización de actuaciones de verificación de datos y de comprobación limitada que pueden dar lugar a las subsiguientes liquidaciones.

Junto con las anteriores actuaciones de comprobación también se incluyen en este indicador las actuaciones de investigación y las de carácter auxiliar.

En 2022 se han desarrollado casi 1,9 millones de actuaciones de control de tributos internos, en torno a un 5,2% más que el año anterior. De esa cifra global de comprobaciones, 39.366 actuaciones programadas, un 7,6% más que en 2021, se dirigieron a grandes empresas, multinacionales y grupos fiscales, patrimonios de personas físicas, abusos societarios y economía sumergida, consumiendo este tipo de actuaciones un elevado número de recursos, caracterizados, además, por su alta cualificación.

Actuaciones inspectoras sobre tributos internos

Estas actuaciones comprenden todas las realizadas por los órganos del área de Inspección Financiera y Tributaria de las Delegaciones Especiales y de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes, en ejercicio de las funciones administrativas atribuidas a la inspección tributaria por el artículo 141 de la Ley General Tributaria.

Dichas actuaciones pueden ser de comprobación, de investigación o de carácter auxiliar.

El importe total de deuda liquidada en 2022 ascendió a 4.693,32, millones de euros. En este importe se recoge tanto deuda instruida y liquidada en el propio ejercicio 2022, como deuda instruida en ejercicios anteriores y liquidada en 2022, no computándose, sin embargo, la deuda instruida en el ejercicio, pero contenida en actas que no se hayan confirmado a la finalización del ejercicio 2022.

Dentro de las actuaciones desarrolladas por la Inspección en el ámbito de control de tributos internos, destacan:

• Control de grandes patrimonios: desde su creación en 2018, la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes (UCCCPR) de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, ha centrado sus esfuerzos en la elaboración de un “censo” completo de obligados tributarios de alta capacidad económica, la delimitación de sus riesgos o fraudes fiscales específicos, el estudio y desarrollo de los mecanismos de investigación y selección adecuados para detectar dichos riesgos en contribuyentes concretos y el impulso de iniciativas en materia de obtención y/o gestión eficaz de información relevante. Durante 2022, se ha mantenido el trabajo destinado en materia de actuaciones de comprobación de contingencias tributarias asociadas a obligados tributarios que figuran como titulares de un patrimonio relevante. Este tipo de comprobaciones inspectoras ha generado como resultado deudas liquidadas por importe de 546 millones de euros en 1.130 expedientes. Estas cifras se complementan con el análisis de las bases imponibles y cuotas declaradas en el IRPF por los contribuyentes con patrimonios relevantes.

• Actuaciones sobre la economía sumergida, centradas en:

  • descubrimiento de ventas ocultas, con más de 2.300 actuaciones en las que se ha logrado poner de manifiesto la existencia de ventas que el contribuyente había ocultado a la Administración tributaria, y como consecuencia de ellas se han computado cuotas por importe de 435 millones de euros.

  • más de 1.500 entradas y registros con Unidades de Auditoría Informática, que, además de facilitar el descubrimiento de rentas ocultas mediante el análisis del software de doble uso utilizado en la gestión y contabilidad de actividades económicas, resultan sumamente eficientes desde el punto de vista de la obtención de pruebas y del tiempo de duración de las comprobaciones. Cabe destacar que la participación de estas Unidades especializadas, además de facilitar el descubrimiento de rentas ocultas mediante el análisis de software de doble uso utilizado en la gestión y contabilidad de actividades económicas, resulta sumamente eficiente desde el punto de vista de la obtención de pruebas y del tiempo de duración de las comprobaciones.

  • actuaciones coordinadas, consistentes en el inicio de forma simultánea de actuaciones de comprobación e investigación, mediante personación y con participación de las Unidades de Auditoría Informática, y que persiguen no solo el descubrimiento de ventas ocultas en los obligados tributarios inspeccionados, sino también favorecer el cumplimiento voluntario mediante la transmisión de un mensaje al colectivo de empresarios del sector para que reconduzcan su conducta tributaria.

• Actuaciones de explotación de información internacional procedente de DAC1, CRS, DAC2 y FATCA. En concreto, la ONIF ha continuado trabajando en el intercambio de información con otros países y jurisdicciones relativa a las siguientes categorías:

  • información sobre rentas del trabajo, rentas de consejeros, rentas de pensiones, rentas de productos de seguros sobre la vida, así como sobre la titularidad y rentas inmobiliarias (rentas OCDE y DAC1)

  • información sobre cuentas financieras en el extranjero (CRS, FATCA y DAC2)

  • informes país por país (CBC y DAC4)

  • información sobre consultas y acuerdos tributarios previos con efectos transfronterizos y sobre precios de transferencia (DAC3)

• Actuaciones sobre pequeñas empresas a través de procedimientos especializados en el tamaño de las entidades y las características de sus riesgos fiscales, mediante el impulso de comprobaciones abreviadas.

Fiscalidad internacional

A lo largo de 2022, la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional (ONFI) ha contribuido, a través del desarrollo de sus importantes funciones, a los objetivos generales de fomento del cumplimiento voluntario y de lucha contra el fraude y la elusión fiscal internacional. La actividad de la Oficina se ha materializado tanto en actuaciones propiamente inspectoras, finalizando 303 actuaciones, como en la relevante asistencia de sus funcionarios a grupos de trabajo en organizaciones internacionales, fundamentales en materia de fiscalidad internacional, así como participación en funciones de planificación y coordinación de la acción inspectora.

Las citadas actuaciones inspectoras incluyen las de apoyo y colaboración en procedimientos inspectores, la instrucción de acuerdos previos de valoración de operaciones vinculadas (APA) y la negociación en procedimientos amistosos en materia de imposición directa.

La ONFI desarrolla actuaciones de apoyo y colaboración en procedimientos inspectores, centradas en cuestiones complejas en materia de fiscalidad internacional. Esta actividad tiene especial trascendencia en el ámbito de las actuaciones inspectoras de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes. En 2022, la ONFI colaboró en 180 comprobaciones inspectoras, de las cuales se han finalizado 117, suponiendo ajustes en base imponible estimados en torno a 3.409 millones de euros. En el ejercicio precedente, se participó en 209 actuaciones inspectoras, de las cuales se finalizaron 112, con un importe total de ajustes en base imponible de 5.578 millones de euros.

En relación con los APA (acuerdos previos de valoración de operaciones vinculadas), la actuación de la ONFI persigue, a través de estos acuerdos previos en materia de precios de transferencia, reducir la litigiosidad y mejorar la seguridad jurídica del contribuyente, garantizando una recaudación acorde con lo exigido por la ley. En 2022 la ONFI ha participado en la gestión de 214 expedientes de APA, habiéndose finalizado 43, de los cuales 28 fueron estimados, 6 desestimados y en 9 casos se produjo el desistimiento de los solicitantes. Los APA estimados en 2022 han permitido garantizar bases imponibles (en general, en los cuatro ejercicios siguientes) por un valor estimado superior a los 2.712 millones de euros.

Así mismo, el pasado año 2022, la ONFI participó en 638 procedimientos amistosos en materia de imposición directa, cifra que se ha ido incrementado notablemente en los últimos años: 371 en 2019, 434 en 2020 y 576 en 2021. La actuación de la ONFI persigue, en estos procedimientos, la eliminación de la doble imposición económica generada en actuaciones inspectoras y, simultáneamente una adecuada defensa de las bases imponibles que deben tributar en España, tanto en regularizaciones con alcance transfronterizo realizadas por la Administración española, como en las efectuadas por las administraciones de otros países. De ese total de procedimientos, en 2022 se finalizaron 143, frente a los 142 de 2021 y los 106 de 2020. Las bases imponibles afectadas por los procedimientos amistosos finalizados en 2022 ascendieron a casi 1.004 millones de euros, siendo esta cifra de 721 millones en el año 2021.

Control gestor sobre tributos internos

El control gestor tiene por finalidad la detección y corrección de errores e incumplimientos menos complejos. Se dirige, partiendo de la información de que dispone la Agencia Tributaria, a verificar, con carácter general, todas las obligaciones tributarias consideradas individualmente. Se basa, fundamentalmente, en procesos informáticos y en controles de tipo documental (sin revisión de la contabilidad mercantil del contribuyente), realizados normalmente en las propias oficinas.

El control gestor se realiza por los órganos de Gestión Tributaria; por la Dependencia de Asistencia y Servicios Tributarios respecto de los contribuyentes adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes (DCGC) y por las Unidades de Gestión de Grandes Empresas, dependientes del área de Inspección Financiera y Tributaria, respecto de los contribuyentes sobre los que se ejerzan sus competencias (entre otros, aquellos sobre los que la DCGC no ejerza su competencia pero cuyo volumen de operaciones supere la cifra de 6,01 millones de euros durante el año natural inmediatamente anterior.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Las actuaciones de control gestor sobre este impuesto finalizadas en 2022, independientemente del año de inicio y de la campaña de referencia, han sido 792.992, un 7,1% más que en 2021.

Además, y en el marco de ese impuesto, se han realizado 197.842 liquidaciones por control de retenciones, un 1,1% menos que en 2021.

Los resultados obtenidos se reflejan en el Cuadro nº 34. Actuaciones de control en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Anexo).

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre el Valor Añadido

Durante 2022, las actuaciones finalizadas a lo largo de todo el año desarrolladas en relación con el Impuesto de Sociedades han alcanzado las 54.613 actuaciones (un 0,7% menos que en 2021), y las del Impuesto Sobre el Valor Añadido las 392.146 (un 3% más que en 2021). A las cifras del Impuesto de Sociedades habría que añadir 29.807 liquidaciones por pagos fraccionados (un 2,4% menos que en 2021).

Respecto a los contribuyentes inscritos en el registro de devoluciones mensuales de IVA, las actuaciones realizadas a lo largo de todo 2021 han sido 7.661 (un descenso del 60,3% respecto a 2021).

Actuaciones sobre contribuyentes en Módulos

En el caso de contribuyentes sometidos al régimen de estimación objetiva, y bajo el criterio de actuaciones finalizadas en 2022, independientemente del año de inicio y de la campaña de referencia, se han realizado 25.481 actuaciones, un 158,3% más que en 2021. Este notable aumento tiene su causa en un cambio de configuración del indicador tomado para su medición, que permite incluir actuaciones que, si bien antes se desarrollaban, no se tenían en cuenta en el cómputo.

Los resultados obtenidos se recogen en el Cuadro nº 35. Resultados en el régimen de Módulos (Anexo).

Comprobación de declaraciones periódicas

Partiendo del censo de empresarios, profesionales y retenedores se realiza un control automatizado del cumplimiento de las obligaciones de presentación de autoliquidaciones periódicas (del Impuesto sobre el Valor Añadido, de las retenciones y de los pagos fraccionados).

Durante 2022 se emitieron un total de 517.493 cartas y requerimientos, atendiendo, además, 35.622 tramites de audiencia y generándose en total 79.827 autoliquidaciones presentadas por un importe de 158,6 millones de euros.

También se realizaron 45.240 liquidaciones por pagos fraccionados de IRPF, Impuesto sobre Sociedades y régimen simplificado de IVA, por un importe de 51,8 millones de euros.

Estas cifras forman parte de las cifras totales anuales de liquidaciones de cada uno de los impuestos referidos.

Depuración del censo. Revocación de NIF

Dentro del colectivo societario existe una parte significativa constituida por sociedades inactivas o con escasa o nula actividad. A menudo tales sociedades han sido simplemente abandonadas por sus administradores y socios sin realizar los actos jurídicos que el ordenamiento prevé para los casos de terminación, extinción y disolución de la persona jurídica.

Ese tipo de actitudes, perjudiciales para la adecuada gestión de los recursos que la Agencia Tributaria destina al control, obliga a atender a un colectivo de potenciales obligados tributarios mucho mayor del que, efectivamente, realiza actividades económicas. Además, puede dar lugar a defraudaciones utilizando, de uno u otro modo, estas sociedades aparentemente inactivas. Por último, la OCDE, considera que estas personas jurídicas inactivas resultan potencialmente ocultadoras de la verdadera titularidad de bienes y derechos, en España o en otras jurisdicciones, y afectan con ello la transparencia de nuestro sistema en el conocimiento y comunicación del Beneficiario Efectivo.

El ordenamiento jurídico-tributario prevé determinadas consecuencias para estos comportamientos:

• El cierre de la página del Registro Mercantil que es, además de la consecuencia del incumplimiento de ciertas obligaciones registrales, una sanción que deriva del incumplimiento reiterado de obligaciones fiscales que determinan, previamente, la baja en el Índice de Entidades. Así mismo, el cierre registral puede ser consecuencia de la revocación del NIF.

• La revocación del NIF, la cual impide la continuidad de la vida fiscal de la sociedad misma.

Con estas medidas se pretende asegurar una adecuada depuración de los censos, de forma que solo aquellas sociedades que realmente intervengan en el ámbito comercial o económico mantengan su plena vida jurídico-fiscal.

En el ejercicio 2022 se ha realizado una campaña especial en relación con las entidades inactivas, lo que ha originado que se haya revocado el NIF a 853.934 de ellas.

Minoración de bases imponibles negativas

En 2022 las actuaciones tendentes a disminuir las bases imponibles negativas, las deducciones y las cuotas a compensar declaradas por los contribuyentes, alcanzaron la cifra de 3.860 millones de euros, frente a los más de 4.900 millones del año anterior (8.800 millones en dos años), situándose en línea con la evolución de otros años anteriores.

De ese resultado obtenido en 2022, 1.930 millones, el 50% del total, se corresponde con actuaciones de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes.

Estas actuaciones redundan positivamente en la recaudación bruta y líquida de futuros ejercicios.